China, Irán, Arabia
Saudí, Estados Unidos, la India, Japón o Pakistán. Todos ellos pertenecen a la lista donde ejecutar a otro ser humano es una
posibilidad legal.
La pena de muerte
es la negación extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio a
sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia.
Este viola el derecho de la vida. Es el castigo más inhumano y cruel, sea cual
sea su forma: ahorcamiento, decapitación, fusilamiento, electrocución, cámara
de gas, lapidación o inyección letal.
Algunos tratados
internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, entre otros, han prohibido
el uso de la tortura a aquellos que incumplan la ley, pero no prohíben la pena
de muerte.
A pesar de esta
prohibición, se registra habitualmente casos de personas condenadas a muerte
tras haber sido declaradas culpables sobre la base de “confesiones” obtenidas
con tortura. Especialmente preocupante es la tortura bajo custodia, que es
práctica generalizada en la mayoría de las regiones del mundo.
Se afirma que la
pena de muerte solo se aplica en uno de cada diez países del mundo y que ya no
hay argumentos para justificarla.
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