Ley de extranjería

En los últimos años, la sociedad española ha alterado su visión sobre la inmigración, demostrando una mayor comprensión del fenómeno. Esto ha permitido el desarrollo de mecanismos que promueven la inmigración dentro de los cauces legales y refuerzan las acciones contra la inmigración ilegal.
En ese sentido, el gobierno español ha orientado su política migratoria hacia el fortalecimiento de la entrada legal de extranjeros y el levantamiento de un cerco eficaz para la inmigración irregular, a través de la lucha contra la denominada economía sumergida o informal, la cual se entiende como el sistema de intercambio de bienes que permanece ajeno al control del Estado.
España considera que la llamada “economía sumergida” (que no paga tributos al fisco), o “economía informal”, constituye el principal efecto de atracción de la inmigración irregular y, por ello, incide en la ordenación del mercado laboral, sin dejar a un lado los instrumentos de seguridad necesarios para el control de fronteras, retornos, devoluciones y expulsiones de irregulares.
En ese contexto, fomenta el protagonismo de la inspección oficial en la persecución de conductas relacionadas con la explotación laboral y la contratación ilegal de trabajadores.
Esa visión ha hecho que España promulgue una Ley de Extranjería que ha sido objeto de varias modificaciones, con el propósito de responder a las necesidades planteadas por el fenómeno de la inmigración.