Diez organizaciones humanitarias radicadas en Marruecos, incluida la católica Cáritas, e importantes colectivos civiles en favor de los derechos humanos están estrechando la presión sobre los Gobiernos de España y Marruecos para evitar que se impulse el acuerdo para ejecutar las conocidas como devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares. Esa readmisión inmediata en la frontera, inmediatamente después de que los inmigrantes la hubieran podido superar, era el punto clave de la reunión que iban a celebrar este miércoles en Tánger los ministros del Interior de ambos países. La cita oficial se ha suspendido por los funerales del expresidente Adolfo Suárez pero la presión de las ONG y las entidades sociales no ceja. Este martes una decena de esas asociaciones han reclamado desde Marruecos la presencia de observadores internacionales en Ceuta y Melilla para que comprueben sobre el terreno la "violación de los derechos de los inmigrantes".
Las diez organizaciones humanitarias instaladas en Marruecos emitieron este martes un comunicado en el que demandan la presencia de esos emisarios internacionales en las dos ciudades autónomas españolas enclavadas en el norte de África tanto al Consejo Nacional de los Derechos del Hombre, un organismo consultivo que se creó por inspiración del rey Mohamed VI, como a la propia ONU. Las ONG denuncian en su escrito que los inmigrantes son muchas veces desplazados a la fuerza desde el norte de Marruecos, en las zonas limítrofes con Ceuta y Melilla, hasta Rabat, la capital, donde se concentran ahora por centenares, especialmente tras el pasado mes de diciembre, coincidiendo con el inicio del periodo de regularización inédito puesto en marcha por el gobierno marroquí en enero.
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