La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aunque se presenta como una reforma de la norma actualmente en vigor (LOE, 2006), representa un cambio de tal calado, que supondrá de hecho un nuevo marco, una nueva ley educativa, la séptima de la democracia. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, defiende la reforma como el cambio necesario para dejar atrás las alarmantes cifras de abandono escolar temprano (24.9%) y los mediocres resultados en las comparaciones internacionales.
Pero en un contexto de profundos recortes educativos (más de 6.700millones desde 2010), buena parte de la comunidad escolar (padres, profesores y alumnos) perciben la propuesta como una adaptación a ese contexto, es decir, una norma para hacer una escuela low cost que dejará en la cuneta a muchos alumnos de sectores desfavorecidos. Precisamente el dinero para la reforma es una de las grandes preocupaciones del as comunidades autonomas incluidas las gobernadas por el PP y también del Consejo del Estado. Y eso que durante el proceso el ministerio ha recalculado y multiplicado por cinco los cálculos iniciales del coste, hasta 408 millones de euros en costes directos a financiar por el Estado en tres años y hasta 927 millones que deberían asumir en principio las autonomías.
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