José Diaz es funcionario, guardia civil, y está afiliado a la compañia médica privada "Asisa". En 2007 le diagnosticaron que era seropositivo, y tras nueve meses tomando la medicación, la Seguridad Social le reclamó los 5.000 euros que había costado el tratamiento. Esa cantidad, según el régimen que tienen los funcionarios, la tiene que pagar "Asisa".
Dicha compañía, se negó a abonar argumentando que, ni el paciente, ni el SAS, le habían comunicado el inicio del proceso para la curación de su enfermedad y le embargaron a José la devolución de la renta de un año, su casa y una plaza de garaje.
El perjudicado, ha denunciado al SAS, pero el abogado de éste pidio la suspensión, ya que no estaba citado ningún representante de "Asisa", que es quien se considera que debe pagar la factura.
Un informe dice, que cuando los funcionarios escogen la compañia privada, dicha compañía debe de sufragar todas las necesidades médicas del paciente, por lo que, esto supone un fraude por parte de la compañia "Asisa".
En mi opinión, el título de esta noticia impacta y más si seguimos leyendo, ya que no comprendo como una compañia, la cual debe de atender y responsabilizarse de todos los gastos que la enfermedad del paciente sugiera, puede hacer esto y embargarle como le han embargado su hogar, sin motivo alguno, ya que es ella quien debe pagarle al SAS.
0 comentarios:
Publicar un comentario