La viuda de un asesinado por ETA ha enviado una carta a varias embajadas de países iberoamericanos para recordar a sus dirigentes que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por miembros de la banda impiden que reciban asilo fuera de España.
Estas cartas han sido remitidas por Ramona Garrido, viuda del empresario José María Latiegui, que fue asesinado por ETA el 14 de abril de 1981 en Usurbil (Guipúzcoa) y su crimen ha sido declarado prescrito.
En concreto, las misivas han sido enviadas a las embajadas de México, Venezuela, Cuba y Argentina en Madrid. Asimismo, también han sido remitidas a más de 30 autoridades nacionales de los citados países, entre los que se encuentran sus cuatro dirigentes: Cristina Fernández (Argentina), Hugo Chávez (Venezuela), Raúl Castro (Cuba) y Felipe Calderón (México).
Garrido solicita que abran juicios penales allí donde estén miembros de ETA que hayan cometido crímenes contra la humanidad para que "se verifique hasta donde llega su responsabilidad en la persecución de miles de personas en el País vasco, con casi 1.000 asesinados, 4.000 personas perseguidas con escolta y 250.000 personas forzadas a abandonar esta comunidad".
El texto incluye una petición de reunión con los embajadores para explicar "personalmente" esta solicitud, antes de entrar en contacto con la comisión interamericana de Derechos Humanos en Washington y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica.
Además, Garrido tiene previsto también contactar con Cabo Verde, otro país en una situación similar a los anteriores, pero sujeto al sistema africano de Derechos Humanos.
El experto en Derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez, quien ha preparado los textos jurídicos remitidos, ha apuntado que la Convención de Ginebra incluye esta prohibición de asilo en el artículo 1.F y, en caso de no cumplirlo, se incurriría en "graves responsabilidades internacionales".
En esta misma línea, también incide en que se "violaría directamente" la Declaración sobre el asilo territorial de 1967. En la carta, el abogado estima que, a día de hoy, hay más de 200 criminales huidos relacionados con la banda terrorista.
El abogado ha puesto como ejemplo el caso del general iraquí Yunes Allami, al que se le denegó el derecho de asilo por existir motivos fundados para considerar que había podido cometer delitos contra la humanidad o de guerra.
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